Chile, 50 años del Golpe: El Futuro lo Hacen los pueblos

Marcelo Solervicens, cientista político

¿Por qué, en Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos que vivieron dictaduras de seguridad nacional impulsadas por Washington, cobró tanta actualidad la interpretación de la conmemoración de un golpe de estado ocurrido hace 50 años? Responder a esa pregunta es el objetivo de este artículo.

Centramos nuestra argumentación, en primer lugar, en los elementos que nos permiten caracterizar a Chile como una sociedad en crisis y estancada, por secuelas persistentes en materia de violaciones de DD.HH, agotamiento del modelo neoliberal, sin responder la demandas ciudadanas de  la revuelta popular de 2019. En segundo lugar, analizamos algunos discursos públicos sobre el significado de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado cívico-militar del 11 de septiembre de 1973. Finalmente destacamos brevemente las que creemos son las tres contribuciones más pertinentes de la experiencia revolucionaria antes del golpe, de partidos de izquierda, del llamado Bloque Revolucionario, (Sectores del PS, MAPU, IC, MIR, entre otros): de la cultura que les acompañó, del apoyo a la construcción de poder popular y la incorporación del conjunto del “pueblo” como parte integrante de la fuerza social, en perspectiva latinoamericanista. Su contribución a la profundización de la democracia con la participación social, hasta las últimas consecuencias, el socialismo.

Y es que el Golpe de Estado de hace 50 años no fue una derrota del proyecto de construcción del proyecto del pueblo, que llevó al poder a Salvador Allende y aumentaba su apoyo a pesar de los intentos de desestabilización de la CIA, de la oligarquía chilena y de la derecha política, que optó finalmente, para defender sus intereses, por aplicar con sus militares amaestrados por la doctrina de seguridad nacional, el más sangriento golpe militar de la historia de Chile.

Intentamos mostrar, que la agudización de la pugna sobre el significado de los 50 años en el discurso público, persigue restablecer la aceptación de una democracia realmente existente que ha terminado por restringirse al Estado de derecho, al funcionamiento de la clase política. Una percepción que se acompaña de la indeseabilidad de impulsar los cambios desde la sociedad, desde el pueblo. Ello es percibido por la clase política como la condición necesaria y suficiente para mantener el estatus quo. Creemos sin embargo que, ayer como hoy, la posibilidad y la necesidad de los cambios para construir una sociedad más justa, es la puerta de salida al estancamiento de la sociedad chilena. Es la perspectiva, que animó los miles de chilenas y chilenos incorporados crecientemente en las izquierdas revolucionarias de la época. Esas ideas, que aunque hoy estén marginalizadas del discurso público, viven en la memoria del pueblo, y siguen presentes en medios alternativos y en la base social.

¿Una sociedad en crisis y estancada?

La conmemoración de los 50 años ocurre en un contexto de profunda crisis y estancamiento de la sociedad chilena. En efecto, constatamos la desarticulación de la llamada “revuelta” popular mediante la represión y la violación de los DDHH por el gobierno de Sebastián Piñera. También el rechazo al proyecto de Nueva Constitución progresista bajo el gobierno de Gabriel Boric en septiembre de 2022. Destacamos la actual ofensiva derechista que busca legitimar el estatus quo y la actual constitución en diciembre, luego de un proceso constituyente controlado por la derecha. Por su parte, el gobierno del presidente Gabriel Boric aparece tan atrapado en los laberintos de una democracia restringida, como los anteriores gobiernos de la Concertación y la ex Nueva Mayoría y, por el momento, no aspira más que al estatus quo.

Es importante constatar que el Golpe de Estado de hace 50 años no fue una derrota del proyecto de construcción del proyecto popular que llevó al poder a Salvador Allende. Los partidos de la Unidad Popular aumentaron su votación respecto del 4 de septiembre de 1973: del 36,4% obtenido en 1970, la UP en las parlamentarias de marzo de 1973, llegó al 44% de los votos. Por ello, la derecha política de entonces , a pesar del apoyo de la DC, no contaba con la mayoría necesaria para hacerle un Golpe Institucional a Allende, pero construyeron la mentira histórica del fracaso de Allende (Roitman, M. 2023).

Ello pese a los intentos de desestabilización de la CIA, del Pentágono, de la oligarquía chilena y de la derecha política con la huelga de los empresarios, asesinatos e intentos golpistas fracasados. La oligarquía , que optó finalmente, para defender sus intereses, por impulsar con sus militares amaestrados por la doctrina de seguridad nacional, el más sangriento golpe militar de la historia de Chile.

En la campaña presidencial de 2021 el derechista candidato José Antonio Kast, resucitó la falsa tesis de que “Salvador Allende fue declarado fuera de la constitución en 1973”, en una declaración política del 22 de agosto de 1973. (Ayala B. et al. 2021). En el marco de la ofensiva negacionista de la derecha, la oposición derechista retomó la consigna. Consiguió, con triquiñuelas, la mayoría necesaria para leer la declaración de 1973, en la Cámara de diputados. Un gesto que pretendió afirmar que el Golpe de Estado se justificaba. Lo cierto es que la declaración leída, no contó con la mayoría constitucional necesaria para destituir al presidente.

Lo cierto es que se trató nada más que de una declaración política: Es lo que confirma el informe de hechos y debates en el Congreso de la época, por David Vásquez, disponible en la biblioteca del Congreso Nacional (Vásquez, D. 2023). Al mismo tiempo, el que terminara sólo como una declaración, confirmó la incapacidad de la derecha de entonces (Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano, Social Democracia y Democracia Radical) para realizar lo que hoy se califica como un golpe blando o institucional. En los hechos, cuando la ofensiva negacionista de la derecha rescata y valida esa declaración de 1973, no hace más que confirmar la responsabilidad de la oposición derechista de la época en el quiebre de la democracia en Chile y la intención de la actual oposición derechista en repetir lo que hicieron en 1973.

Deuda en materia de Derechos Humanos y cultura de impunidad

Tras ese contexto de funcionamiento de la política, la sociedad chilena sigue enfrentada a las mismas injusticias que desataron la revuelta popular de octubre de 2019. Creemos que es lo que resalta el contexto de los 50 años.

En primer lugar, aunque se intenta enmarcar la conmemoración de los 50 años en torno a la democracia y los derechos humanos, persiste la deuda de justicia y una reparación integral hacia las víctimas de la dictadura cívico-militar 50 años después del Golpe de Estado, de acuerdo a los estándares internacionales. Y es que no ha sido la justicia transicional “en la medida de lo posible” del expresidente Patricio Aylwin, la que ha permitido obtener justicia y castigo a un cierto número de culpables de crímenes de lesa humanidad. La jurisprudencia ha avanzado únicamente por la perseverancia y dedicación de familiares, organismos de DDHH, abogados y jueces consecuentes (UDP, 2023). Ellos limitaron los alcances de la, hasta hoy, vigente la ley de amnistía de 1978 (Veloso, P. 2014) e invocaron la figura imprescriptible del secuestro permanente. Son ellos quienes logran mantener abiertos 1,463 procesos.

Un balance mitigado por la persistente e inaceptable incógnita sobre lo ocurrido a más de 1.162 detenidos políticos desaparecidos por las fuerzas armadas, carabineros y civiles pese a ser un dato oficial, reconocido en los informes Rettig (1991), Valech (2004) y (2011). El decreto firmado por el presidente Gabriel Boric, el 30 de agosto de 2023, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es un paso significativo. Efectivamente, por un lado, el “Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia” establece por primera vez que el Estado es quien se hace cargo con un presupuesto permanente, como instrumento de política pública de todos los gobiernos subsiguientes. Por un lado, promete esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas desaparición forzada. Por otro garantiza el acceso a la información y participación a las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Concluye con la promesa de implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.

Ciertamente, hasta ahora el “nunca más”, las garantías de no-repetición, aparecen fútiles (Garcés, M. 2022). Entre otros aspectos, porque se mantiene la impunidad del presidente Sebastián Piñera, quién declaró la guerra contra su pueblo en 2019 y también la inmensa mayoría de los agentes del Estado que cometieron graves violaciones de los DDHH compiladas por organizaciones nacionales e internacionales en el marco de esa revuelta popular (Solervicens, 2019). Además del uso abusivo de la detención provisoria, que termina sin condena, se repite la falta de reparación integral para las víctimas de la represión. Pese a numerosas discusiones y promesas, el abogado Manuel Acuña constataba en abril pasado, que ya se abandonó la posibilidad de cualquier reforma o refundación de Carabineros formulada en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Al contrario el Congreso aprobó la Ley 21.560, más conocida como Ley  Naín-Retamal para liberar de condena por uso de armas para protegerse, una ley innecesaria según un estudio de Ciper porque los fiscales no detenían a Carabineros por usar sus armas.

La conmemoración de los 50 años cuestiona la cultura de impunidad intrínseca al funcionamiento de la democracia restringida chilena. Ella crea condiciones estructurales de corrupción de la clase política, ampliamente documentados y denunciados. Ella ya enlodó al nuevo gobierno Boric por el caso convenios (Torres, P. et al. 2023). A ello agreguemos la corrupción producto de altos niveles de autonomía de las instituciones castrenses (“Pacogate”, “milicogate”, caso “Fragatas”, etc.). La cultura de la impunidad afecta hoy incluso al sistema de justicia, según Claudio Nash “la corrupción es una realidad en nuestros tribunales” (Nash, 2020).  El historiador Diego Barría argumenta que: “La corrupción nos iguala con el resto de Latinoamérica, pero la capacidad del Estado de entregar bienestar nos diferencia de ella”.

Estancamiento del Modelo Neoliberal, cuestionamiento del sistema político

En segundo lugar se vive una crisis. Existe consenso en que la revuelta popular de 2019, cerró un periodo. El resurgimiento del sujeto social en la política, cuestionó tanto el modelo neoliberal como el sistema político de democracia restringida elitista que lo sustenta (Solervicens, 2019).

En perspectiva histórica, recordemos que se justificó la continuidad, en democracia, del modelo económico neoliberal de la dictadura, por un contexto mundial marcado por la victoria de occidente en la “guerra fría”, la existencia de un mundo unipolar dominado por Washington y medido por la versión estadounidense de la democracia liberal (Fukuyama, F. 1999). Por una lectura pragmática de adaptación a la exitosa e ineludible globalización neoliberal. En lugar de propiciar mayor valor agregado, se reforzó la inscripción dependiente de la economía chilena en la cadena de valores de la globalización neoliberal, el desarrollo del capital financiero y el recurso a los paraísos fiscales (Solervicens, M. 2021).

Sin embargo, luego de años de crecimiento, el PIB, perdió vigor, se estancó y se prevé un crecimiento negativo en 2023. Nadie espera una nueva fase expansiva del neoliberalismo en Chile. El agotamiento económico del modelo neoliberal chileno es endémico, pero también se inscribe en el agotamiento de la globalización y la desarticulación de las cadenas de valor. Un proceso acompañado por el resurgimiento geopolítico de las fronteras y conflictos entre Estados por zonas de influencia (Toussaint, E. 2023). Si en 70-73 el modelo de substitución de las importaciones estaba agotado, hoy se asiste a la crisis del neoliberalismo, que además ha creado zonas de catástrofes y profundizado la crisis climática.

La crisis social de octubre de 2019, reveló un profundo cuestionamiento de la hegemonía discursiva que identifica el sentido común con un orden de cosas que depende de los individuos. La llamada “economía del goteo”, ya no asegura mejoramiento de sectores medios y bajos (Solervicens, M. 2020a). Mientras tanto, se concentró el patrimonio y los ingresos en unos pocos, a un punto que ninguna meritocracia puede justificar. La BBC publicaba que Chile fue el país de América latina, que en 2021, concentró el mayor nivel de patrimonio entre unos nueve ultrarricos, en relación al tamaño de su economía, incluyendo Sebastián Piñera, la familia Luksic y Ponce Lerou. También en 2021, el Banco Mundial, ubicaba Chile entre los 10 países más desiguales del planeta en cuanto a patrimonio, a salarios, acceso a la salud, educación, previsión social y habitación, entre otros.

Control del discurso público: manejando el consenso

La pandemia del Covid-19, profundizó aún más esas desigualdades sociales (Solervicens, 2020b). El control del discurso público ejercido mediante los medios de comunicación empresariales, contribuyó decididamente a la derrota del proyecto de Nueva Constitución de septiembre de 2022, ofrecido inicialmente como alternativa de canalización institucional del descontento social (Solervicens, 2022). Tras una aparente modernidad, la sociedad chilena acumula anomías. Entre otras, la del aumento de la delincuencia y la violencia ciudadana que ha transformado Chile en una caricatura de su modelo, la excluyente democracia liberal estadounidense, y los años Trump. Los medios empresariales no consideran las falencias de Carabineros y las policías (con altos grados de autonomía), pese a que ellas son las responsables de que por su abandono de esos barrios, permitieron el establecimiento de zonas controladas por el narco (Pizarro et al. 2021).

Todos estos antecedentes apuntan a que las causas de la crisis social de 2019, se mantienen, mientras el Estado sigue sordo a las demandas sociales en materia de salarios, educación, salud, seguridad social, vivienda, y vida digna. Ya hemos señalado, así como otros autores, que “la transición chilena aparece ligada a la imposición de un esquema de democracia representativa que excluye la organización de movimientos sociales y la acción colectiva protagonista” (Solervicens, 1993). Es así como la conmemoración de los 50 años ha adquirido gran importancia política porque en condiciones de inestabilidad del sistema de dominación, las diversas vertientes del discurso hegemónico necesitan reactualizar en el discurso público, sus versiones específicas de la democracia liberal para justificar la mantención del estatus quo.

La Derecha y los 50 años: Negacionismo y apología del Golpe de Estado

La derecha política y empresarial ha salido a justificar abiertamente el golpe de estado de 1973. El expresidente Sebastián Piñera dio la tónica de la posición de la derecha sobre la conmemoración de los 50 años. Piñera olvidó sus simbólicas críticas a los cómplices pasivos del golpe de Estado de hace diez años. Imputado como responsable de crímenes de lesa humanidad, por la represión de la revuelta popular de octubre de 2019, declaró el 18 de junio en entrevista con el Mercurio que: “El gobierno de Allende no respetó los principios de la democracia y así lo dijeron los organismos de la época”. Agregó además que para: “el 11 se terminó de derrumbar la democracia en Chile, pero no fue una muerte súbita, fue un largo proceso de deterioro de la democracia (…) en el 73 la democracia chilena venía enferma de violencia” (Biobio, 2023). Aunque Piñera condena áreas oscuras de la dictadura, como las violaciones de DDHH, rescata que también existieron áreas positivas, como las modernizaciones.

No es el único, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, en entrevista con otro gran medio empresarial, La Tercera, afirmó que las “barbaridades” de Salvador Allende son “equiparables” con las de la dictadura. El diputado, también de la UDI, Jorge Alessandri, fue aún más enfático al afirmar, sin ambages: “Yo justifico el golpe militar”. Allende “se estaba saltando las reglas”. Otros, como el ultraderechista Republicano Luis Silva, primera mayoría en la elección de los consejeros constitucionales agrega un intento de rehabilitación del dictador: declaró, sin parpadear, que Pinochet desconocía que se cometieron violaciones de DDHH inaceptables, pero que lo importante a retener es que fue un estadista.

El periódico La Tercera, informaba que ante declaraciones que causaban ruido y para evitar errores comunicacionales, la derechista coalición Chile Vamos produciría un documento para orientar las declaraciones del sector. Se trataría de instalar el debate “como una mirada al futuro”, sobre la base de que “el quiebre institucional no partió en 1973, sino que lo hizo antes, en 1970, desde la llegada al poder del socialista Salvador Allende”.

Las versiones de la derecha relativizan el golpe de estado, bajo el manto del apegó al Estado de Derecho. Sin embargo, contradicen la realidad: fue el golpe de estado el que destruyó la democracia liberal chilena. Es una tesis que se inscribe en las actuales justificaciones de los llamados “golpes blandos”.

Sin embargo las interpretaciones de la derecha sobre el Golpe cívico-militar tienen impacto en la opinión pública, porque son privilegiadas por los principales medios empresariales, creadores de opinión y obsecuentes con las diversas declinaciones de la derecha.

Efectivamente, la encuesta de la CERC-Mori, reveló que el 36% de los encuestados cree que los militares “tenían razón en dar el golpe de Estado”, mientras que 41% señaló que “nunca tienen razón”. El 19% no contestó la pregunta. Los autores de la encuesta concluyen sobre la persistencia de la versión de la derecha sobre el golpe de estado y la figura de Pinochet en un importante sector de la sociedad chilena.

Creemos que lo que mide es el impacto de los mensajes de los medios empresariales sobre la población. Marta Lagos, directora de Mori, afirma acertadamente que ello, es “un fracaso cultural gigante para la izquierda”. Es un resultado del impacto de una derecha, que a través de los medios empresariales, consigue definir la agenda pública. Es lo que ocurrió para el rechazo de la Nueva Constitución progresista el 4 de septiembre de 2022. También ocurrió cuando se trató de imponer como “pregunta de urna” la versión conservadora de la seguridad ciudadana, ligándola a la criminalización de la movilización social para la elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo, a pesar de que ello no era el tema de dicho escrutinio (Solervicens, 2023).

Las posiciones de la derecha política y empresarial ante la conmemoración de los 50 años del golpe son parte de una ofensiva conservadora que busca terminar con la amenaza de un cambio sustantivo de la actual Constitución en el plebiscito el 17 de diciembre próximo y, ganar el poder ejecutivo en las próximas elecciones.

Gobierno de Gabriel Boric: ¿La Democracia es memoria y futuro?

La ofensiva de la derecha sobre el significado de los 50 años, provocó una ola de críticas en redes sociales y por parte de sectores progresistas con acceso al discurso público. Por un lado, el presidente Gabriel Boric, afirmó en Twitter que “Pinochet fue dictador, antidemócrata, corrupto, ladrón y cobarde. Estadista jamás”. Por otro, en La Tercera, el periodista Daniel Matamala, causó polémica al afirmar la perogrullada, conocida en todo el mundo, de que Pinochet fue “Traidor. Asesino. Terrorista. Ladrón. Cobarde”.

El lema oficial de la conmemoración de los 50 años, en la plataforma 50.cl, adoptado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es: “Democracia es memoria y futuro”: “el 11 de septiembre de 1973 un Golpe de Estado civil-militar interrumpió de manera violenta la convivencia democrática de chilenos y chilena, marcando la historia del país, y remeciendo el mundo entero. A 50 años confirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, convencidos que la democracia se construye con memoria y futuro”.

Sin embargo, la relación entre democracia y memoria, es incierta, sobre todo cuando no se cualifica la democracia (Jelin, E. 2014). Ello hace que la versión de la conmemoración de los 50 años del Gobierno Boric, que condena el golpe de estado por las violaciones de los DDHH por la dictadura, abre la puerta a diversas interpretaciones sobre las causas del golpe: ¿Cómo es posible entender el golpe de Estado sin denunciar las doctrinas contrainsurgentes de la guerra sucia, del plan Cóndor, esgrimidas por el entonces llamado, imperialismo estadounidense? ¿Cómo es posible condenar el golpe de estado sin criticar que la derecha, para no perder sus privilegios, conspiró para derrocar el gobierno de Salvador Allende?

Ya en la cuenta a la nación el 1º de junio, el presidente Gabriel Boric, llamó a la unidad de cara a la conmemoración de los 50 años: a reafirmar que “ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos”. La conmemoración, “nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios”.

Lo cierto es que esa deriva relativista atrapó finalmente al Gobierno Boric, cuando en entrevista con Chile-visión afirmó que en el marco de los 50 años “se habla mucho de la Unidad Popular y yo creo que es un periodo a revisar. Y desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no sólo desde una perspectiva mítica”. Una declaración que provocó críticas entre quienes le apoyaron, entre ellos, la del exministro de Allende, Miguel Lawner, por no defender las medidas progresistas realizadas por el gobierno de la Unidad Popular. El diputado del PC, miembro de la coalición de gobierno, Boris Barrera también criticó la afirmación.

Esta versión, atribuye responsabilidades de la izquierda, por la derrota que significó el golpe de estado de 1973. El ex ministro del gobierno de Patricio Aylwin, Carlos Ominami interpretó cabalmente a varios pragmáticos exconcertacionistas y ex Nueva Mayoría, al afirmar el 2 de julio en la Fundación Jaime Guzmán que: “La mayor responsabilidad (del gobierno de Allende) fue intentar un proceso de transformaciones profundas sin contar con una mayoría que la respaldara”. Parafraseado a León Cohen afirmó que la izquierda tenía “una mirada ensoñada del futuro sin ver el presente”. Otros, como Ricardo Lagos, en la misma lógica pragmática, afirmaban sin embargo, hace diez años, la enorme diferencia entre “los errores del gobierno de Allende y los horrores de la Dictadura”.

La política oficial del gobierno respecto de los 50 años, terminó inscribiéndose en la posición tradicional de la exConcertación y la ex Nueva Mayoría. Aunque le agregue la denuncia de las violaciones de DDHH y la defensa irrestricta de los DDHH; ella incluye como demócratas a quienes justifican el golpe de Estado y relativizan las violaciones de los DDHH durante la dictadura. Es así como la lógica discursiva del lema “Democracia es memoria y futuro” apunta a restablecer un nuevo pacto social con una derecha democrática, como afirma la líder del PS, Paulina Vodanovic en el diario El País.

La situación es compleja, porque el gobierno del presidente Gabriel Boric, no sólo ha intentado coordinar la conmemoración de los 50 años, sino que además intenta fijarle los bordes. Fue esa misma lógica que llevó a Patricio Fernández, encargado por el gobierno de la conmemoración de los 50 años, a separar las razones del golpe de estado, de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura: “lo que podríamos intentar acordar es que procesos posteriores al Golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”.

Es así como más de 160 organizaciones de DDHH acusaron a Patricio Fernández de latente negacionismo. Ello revela que el gobierno se aleja incluso de las organizaciones de DDHH, verdaderos referentes sociales tradicionales de las conmemoraciones del golpe. La renuncia de Patricio Fernández restableció los límites de aceptabilidad social que no puede sobrepasar el gobierno de Gabriel Boric en su mano tendida a la derecha democrática.

El discurso del gobierno de Gabriel Boric, adopta una lógica neoconcertacionista que termina identificando la democracia con el Estado de Derecho impuesto en dictadura y que la profundización de la democracia solo puede darse mediante negociaciones al interior de una clase política autocentrada y elitista, sin participación de la ciudadanía.

El legado de la izquierda revolucionaria: “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”

Es así como el gobierno de Gabriel Boric termina enfrentado a la imposibilidad de responder a las reivindicaciones de los movimientos sociales, porque están fuera de la clase política. Es un discurso que contrasta con la realidad, al no asumir los fracasos en profundizar la democracia, desde 1990. Olvida que fue la revuelta popular, la única que consiguió, en 30 años, abrir un cambio constitucional y que también fue la que realineó el sistema de partidos, permitiendo la victoria de de Gabriel Boric a la presidencia. En esa medida, ese discurso público, de la clase política, sobre la conmemoración de los 50 años, considera que la movilización social es irrelevante o incluso contradictoria con la democracia al no apegarse al Estado de Derecho.

Es en ese contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe, que resuenan con fuerza las palabras finales de Salvador Allende: “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Un discurso que se opone al pragmatismo y la pretendida modernidad neoliberal actual, que podría haber quedado para la historia, si se hubiese roto con los años de plomo de la dictadura cívico-militar.

Asaltar el cielo

En el contexto actual, resurgen lecturas de la izquierda extraparlamentaria que ubican un conflicto entre el bloque del acuerdo constitucional de 1989 y el pueblo de Chile en condiciones de profunda crisis del capitalismo chileno periférico, dependiente y transnacionalizado (Lafferte, C. 2023). Pese a que el sujeto social, que resurgió en la revuelta popular, volvió a ser excluido del discurso público, esa experiencia activó discursos, intentos organizacionales y prácticas en la base social que se asemejan a la experiencia de hace más de 50 años, también de la lucha social contra la dictadura y la reactivación del movimiento por los derechos del pueblo Mapuche y los movimientos sociales sectoriales de los últimos años.

En esa perspectiva creemos que entre los tres principales legados de la izquierda revolucionaria, del llamado Bloque Revolucionario (sectores PS, MAPU, IC, PRR y el MIR) está, en primer lugar, una cierta cultura que encarnó la tradición revolucionaria, históricamente presente en el pueblo de Chile y frecuentemente aplastada por la oligarquía, del acuerdo al premio nacional de historia, Gabriel Salazar. Su contribución al actual proceso, es la de postular que otro Chile es posible, necesario y coincidente con el legado de Allende, porque debe construirse desde el pueblo. Se trata de un legado que cuestiona profundamente la hegemonía del discurso pragmático que termina aceptando la imposibilidad de los cambios.

Una percepción que está ligada tanto a la memoria colectiva de los militantes de partidos y organizaciones populares como. De acuerdo a Daniela Peña Soto, refiriéndose a una de sus vertientes, el mirismo: “es una forma de ser y estar en el mundo”. Para otros, la revuelta popular encarnó aquellos “prestos a asaltar el cielo”, de la carta de Karl Marx a Kugelman sobre la Comuna de Paris. Otros, como Carlos Sandoval, destacan la “autoridad moral para resistir”.  Lo cierto es que ese legado se inscribe en la continuidad de tendencias revolucionarias presentes desde años en Chile, porque las revoluciones también la hacen, “los que van quedando en el camino”(Aguirre, I. 1970)

Una percepción que atraviesa las edades y que hace justicia a miles de militantes que comprometieron sus vidas por la causa, sufrieron tortura, exilio, retorno, pero que no se ven como víctimas sino que como actores de un movimiento revolucionario por los cambios y la justicia social.

Crear poder popular con el bloque social por los cambios

En segundo lugar, está el acompañamiento de diversas experiencias de poder popular, que contribuyeron a crear una memoria histórica popular, que se expresó brevemente en la revuelta popular de 2019. Una reafirmación de que la historia la hacen los pueblos y no la clase política.

El MIR fue construido desde sectores de la izquierda revolucionaria y sectores de la izquierda tradicional radicalizados. Ante la victoria de Salvador Allende y la reacción de la oligarquía y el imperialismo, el MIR decidió volcar su acción política en la construcción del poder popular; abandonando las acciones de propaganda armada y; protegiendo la seguridad del presidente Salvador Allende. (Puelma, F. 2019).

A esa contribución, se agrega la extensión latinoamericanista de la concepción de la fuerza revolucionaria del pueblo, incorporando a los pobres del campo y la ciudad y la reunión en los territorios de los actores de la transformación. La ampliación del imaginario del bloque social por los cambios, de la fuerza social revolucionaria con la incorporación de sectores y luchas dejadas de lado por otras vertientes de la izquierda chilena, además de la de los trabajadores, las del movimiento de pobladores, los campesinos sin tierra, los estudiantes, los pueblos originarios.

Es así como Robinson Silva, afirma que “la idea del poder popular, el centro del proyecto del MIR, nació no de un grupo de intelectuales, nació de la necesidad de visibilizar a los hombres y mujeres negados por la historia” (Silva, 2014). Destacan además, las experiencias de control obrero y campesino en las empresas, entre otros la experiencia exitosa del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli, (Cofomap) (Solervicens, M. et al. 2022). De acuerdo a la Revista Rufián, el MIR se define y expresa que “el pueblo puede ser chileno o Mapuche, puede ser hombre o mujer, puede ser cristiano o ateo, puede ser miles de cosas y por eso es pueblo”, definido como clases populares o pobres del campo y la ciudad”. Una concepción de pueblo que habita el territorio chileno que también incorporó al pueblo Mapuche y sus reivindicaciones territoriales, con la consigna del Movimiento campesino Revolucionario (MCR), entre otros, que la revolución es una “corrida de cercos desde la cordillera al mar”.

Movilización social: otro mundo es posible

Las organizaciones de poder popular fueron la respuesta del pueblo ante la ofensiva reaccionaria de la oligarquía y el imperialismo para un golpe basado en la doctrina de seguridad nacional del Pentágono. El pueblo Respondió contra el desabastecimiento patronal, con la creación de las JAP y múltiples organizaciones de base. Frente al Paro patronal, el pliego de chile y las amenazas del movimiento fascista, de los momios, a los llamados al golpe de estado, el pueblo respondió con el de formas de organización de poder popular, desde los cordones industriales hasta los comandos comunales, pasando por experiencias directas de gestión en fábricas o empresas estatales.

Destacó la experiencia de la región de Concepción donde se establecieron cordones industriales y se estableció la unidad de la base social en los territorios, en reacción a las asonadas de la derecha. Por ejemplo, después de que el “grupo móvil” de carabineros, matara al estudiante del FER, Eladio Caamaño el 12 de mayo de 1972, los partidos Socialista, MAPU, Radical, Izquierda Cristiana y el MIR firmaron el “Manifiesto de Concepción” y convocaron a la Asamblea del Pueblo para el 27 de julio a un encuentro que agrupó 59 sindicatos, 6 federaciones campesinas, 31 campamentos y comités sin casa, 17 agrupaciones estudiantiles, 27 centros de madres.(Monsalvez, D. 2021).

Es así como la experiencia de los órganos de poder popular, como cordones industriales y sobre todo, los comandos comunales comenzaron a formarse en 1971, en respuesta a las asonadas de derecha e intentos golpistas, alcanzando un auge en respuesta a la huelga patronal de 1972 (Leiva, S. 2004). Hugo Cancino, menciona más de 20 comandos comunales en Santiago y unos 100 a nivel nacional con heterogéneos niveles de organización y de apoyo de organizaciones de base (Cancino, H. 1988). Esas instancias ampliaron la política a la territorialidad de la fábrica, del servicio, del fundo, de la población, de la comuna (Seguel, P. 2015). De acuerdo a Marta Harnecker, ellos permitían la unificación, coordinación o enlace de acción social de hombres y mujeres, obreros, pobladores campesinos, pueblos originarios, estudiantes, artistas, profesionales y técnicos y de organizaciones como las JAP, juntas de vecinos, Centros de madres, campamentos de pobladores, sindicatos etc. Ello para la defensa del gobierno popular y los avances populares de construcción desde la base social. Hernán del Canto, socialista, ex ministro de Allende afirmaba en diciembre de 1972, que los comandos comunales “son organismos de la clase obrera, los trabajadores y el pueblo que respaldan el programa y realizan en la práctica la alianza de clases”.

Es indudable que la experiencia del poder popular, es el principal legado del llamado Bloque Revolucionario (Sectores del PS, MAPU, PC, MIR) a la sociedad chilena para la conmemoración de los 50 años del Golpe. Esos partidos estuvieron a la escucha de un proceso revolucionario que se había construido desde el pueblo, por décadas: las experiencias de poder popular contribuyeron a la profundización de la democracia permitiendo avanzar hacia una democracia socialista, la que fue destruida brutalmente el 11 de setiembre de 1973 (Ponce, J. et al. 2014).

La idea del poder popular no es una alternativa o propuesta teórica del pasado, adquiere actualidad en el marco de la crisis del sistema político de los 30 años. Y es que las diversas formas de poder popular en las que participaron los miristas y militantes de otros partidos revolucionarios, conservadas en la memoria colectiva del pueblo chileno, sirvieron de referente cultural, de acuerdo a diversos autores, a los intentos de organización popular del retorno del sujeto social en la política en octubre del 2019, recordando que otro mundo no sólo es posible, sino que es absolutamente necesario. Además de la protesta callejera y el heroísmo de la Primera línea, están las asambleas territoriales autoconvocadas, unas 110 registradas en Santiago solamente, lideradas por Unidad Social, en respuesta a la violenta represión del derechista presidente Sebastián Piñera (Guerrero et al. 2019).