El derecho al suicidio médicamente asistido
Es difícil que el Parlamento no legisle en relación al suicidio médicamente asistido porque podría permitir casos como el de Robert Latimer
que mató por compasión a su hija minusválida y fue condenado a prisión perpetua. | FOTO: COMMONS
MARCELO SOLERVICENS
La Corte Suprema de Canadá acogió la petición del nuevo gobierno liberal de Justin Trudeau y postergó hasta el 6 de junio, el plazo de un año para que el Parlamento federal legisle en materia de suicidio asistido. En febrero de 2015, la Corte creó un vacío legal al invalidar, invocando la Carta de Derechos y libertades de Canadá, dos artículos que criminalizaban el suicidio asistido. En primer lugar, el artículo que estipula “que nadie tiene derecho a consentir que se le inflija la muerte”; y también aquel que castiga con catorce años de prisión a quien “ayude a alguien a matarse”. Con su decisión, la Corte Suprema transformó en derecho constitucional la autonomía de cada canadiense frente a su muerte. El Parlamento debe decidir si limita ese derecho.
Pese al plazo, los Supremos permiten que las cortes provinciales autoricen el suicidio asistido por un médico, caso a caso, y que se aplique en Quebec la ley concerniente a los cuidados de fin de vida, que entró en vigor el 10 de diciembre pasado en Quebec.
La descriminalización
La primera posibilidad frente al fallo de la Corte Suprema sería la de aceptar que el suicidio asistido por un médico no es un crimen. Esa vía descriminalizó la homosexualidad : un crimen en Canadá en los años sesenta, cuando Pierre Eliot Trudeau la descriminalizó argumentando que no le correspondía al Estado entrometerse en las relaciones sexuales consensuales entre adultos en sus alcobas.
Esa vía se aplicó también cuando se reconoció la libertad de decisión de interrupción de embarazo para las mujeres. El Parlamento federal extiende, precisa o limita ulteriormente esos derechos, para evitar abusos o excesos.
Recuérdese que la Corte Suprema falló contra la demanda de suicidio asistido de Sue Rodriguez, en 1993, una enferma desahuciada de esclerosis lateral amiotrófica. En febrero de 2015, la misma corte se modernizó y reconoció el derecho al suicidio asistido invocado por Kay Carter y Gloria Taylor.
Es difícil que el Parlamento no legisle porque podría permitir casos como el de Robert Latimer que mató por compasión a su hija minusválida y fue condenado a prisión perpetua.
La ley quebequense
La ley quebequense concerniente a los cuidados en fin de vida, más conocida como Morir en la dignidad, reglamenta la ayuda médica a morir como parte de los tratamientos de fin de vida y ofrece una salida provincial basada en la extensión de la jurisdicción provincial en materia de salud. Esa ley encuadra el suicidio asistido por un médico con criterios precisos : cuando los dolores son intolerables y cuando la muerte es inminente. La ley recoge un amplio consenso en Quebec, pero, los opositores, apoyados por el anterior gobierno Harper, buscarán aprovechar vacíos de la ley para utilizar otros artículos del código criminal federal.
¿Un largo camino?
El gobierno de Justin Trudeau nombró un comité conjunto de diputados y senadores. El informede ese comité, que se espera para fines de febrero, servirá de base para que Ottawa formule un proyecto de ley que el Parlamento federal adoptará antes de las vacaciones de verano. El gobierno liberal mayoritario puede adoptar la ley que decida. Pero ello no cerraría un debate de sociedad que ubica a Canadá en el pequeño grupo de países que aceptan que no hay nada más personal que el ejercer el derecho a decidir de manera autónoma frente a la muerte, cuando se enfrenta el fin de la vida sin otra alternativa que dolores intolerables. Cada quien puede decidir de acuerdo a sus valores y a su conciencia. La ley debe garantizar que el ejercicio de ese derecho fundamental se ejerza en las mejores condiciones y de la manera más digna posible. El 84% de los canadienses apoya el suicidio asistido por un médico (encuesta Ipsos-Reid).