Canadá tendrá un contralor de empresas mineras

MARIE-DOMINIK LANGLOIS *

Después de una década de presión ciudadana, Canadá tendrá un contralor (ombudsman) para vigilar los derechos humanos en torno a las actividades de empresas extractivas canadienses que operan en el extranjero.

Desde 2005, se han juntado organizaciones canadienses para sumarse a las peticiones de comunidades de todas partes del mundo, sobre todo de América latina, África y Asia, víctimas de una manera u otra de las consecuencias de dicha presencia canadiense.

A lo largo de los años se han documentado cientos de casos y numerosos problemas asociados a la minería canadiense en el extranjero. Primero están los impactos ambientales por el uso de químicos en la extracción de minerales y que se han vuelto desastres debido a la baja vigilancia que se hace en varios países donde las leyes son laxas o no las aplica el gobierno. Debido a los impactos socioambientales, esos proyectos han generado una fuerte resistencia local y violaciones a los derechos humanos en forma de asesinatos y amenazas de muerte, criminalización de la protesta, falta de respeto al derecho al trabajo, a la vida, a un medioambiente sano, así como al derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento.

La clínica jurídica “Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa” documentó el grado de violencia y criminalización entre 2000 y 2015 vinculado a compañías mineras canadienses en América latina. El informe reportó incidentes donde aparecen involucradas 28 compañías canadienses. Se constataron 44 muertes; 403 personas heridas; 709 casos de “criminalización”, incluyendo órdenes de arresto, detenciones e inculpaciones arbitrarias.

El carácter extraterritorial ha sido un nudo del problema, ya que en varios países donde operan las empresas hay mucha corrupción e impunidad, lo que hace casi imposible llevar a cabo un juicio justo. Otro problema es el balance de poder tremendamente desigual entre las víctimas que piden justicia y las empresas mineras, pues muchas de ellas cuentan con una facturación anual multimillonaria que muchas veces supera el producto interno bruto del país donde operan. También se ha destacado el papel del gobierno canadiense que favorece los intereses extractivos en desmedro de los derechos humanos, ya sea a través de sus embajadas o de agencias gubernamentales como Export Development Canada.

En Montreal, se creó en 2006 una alianza entre grupos de solidaridad internacional, como el Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) y organizaciones académicas. De allí, otros grupos se aglutinaron mientras la red informal se iba transformando. Por unos años, unos veinte grupos conformaron la Coalición quebequense sobre los impactos socioambientales de las transnacionales en América latina (QUISETAL), incluyendo grupos ciudadanos de Chile, México, República Dominicana, Colombia; ONGs como Desarrollo y Paz, Proyecto Acompañamiento Québec-Guatemala; grupos de investigación en McGill y la UQAM.

El anuncio que hizo el 17 de enero pasado el ministro del comercio internacional, François-Philippe Champagne, finalmente accedió a la solicitud de la sociedad civil canadiense y comprometió al gobierno federal a crear una oficina del Contralor con el poder de investigar sobre alegaciones de violaciones de derechos humanos. Las expectativas son enormes y se espera que este mecanismo pueda proporcionar justicia a las víctimas.

* La autora fue coordinadora del Comité por los derechos humanos en América latina, la Red Ecuménica Justicia y Paz, la Red canadiense para la rendición de cuentas de las empresas, del Sindicato Steelworkers y del Proyecto Acompañamiento Québec-Guatemala. Ahora es estudiante de postgrado en la Universidad de Ottawa y trabaja el tema del extractivismo desde la perspectiva de la resistencia a la minería del pueblo xinka en Guatemala.