No es un juicio a los quebequenses
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VÍCTOR ARMONY
SOCIÓLOGO UQAM
La consulta pública sobre discriminación sistémica y racismo nació como un pedido al gobierno por parte de varios líderesy grupos comunitarios preocupados por los problemas que aquejan a muchos quebequenses minoritarios. Dando respuesta a ese planteo, el Primer Ministro confió a principios de este año un mandato al Ministerio de Inmigración, Diversidad e Inclusión para diseñar la consulta. Se formó un comité que propuso un modelo mixto de audiencias públicas y recolección de testimonios personales, apuntando a un equilibrio entre la transparencia y el respeto de la privacidad de los participantes.
Un aspecto particular de la consulta estaba dado por la convocatoria lanzada a organismos sin fines de lucro para que estos realizaran el trabajo en sus ámbitos propios de actividad. La idea no era, por supuesto, cerrarse sobre una comunidad en particular, sino generar espacios de proximidad y confianza para que los participantes brindaran sus testimonios sin sentirse intimidados. Recordemos, al respecto, pasadas consultas públicas en las cuales la presencia de los medios y la configuración misma de las audiencias no se prestaban a que los individuos en situación de vulnerabilidad social o psicológica pudieran expresarse libremente.
Lamentablemente, el Ministerio no consiguió transmitir el mensaje adecuado a la sociedad sobre los objetivos y las modalidades de la consulta, lo cual dio lugar a una doble crítica, sobre el fondo y la forma. Los políticos de la oposición, así como numerosos periodistas, entendieron que la consulta implicaba un “proceso” – en el sentido moral y judicial– de la mayoría francófona, a la que se pondría en el banquillo de acusados, y que la manera de organizar las actividades, dejando a los organismos trabajar autónomamente, le quitaba a la consulta su carácter público. Por supuesto, ninguna de esas críticas tiene verdadero fundamento, pero alcanzaron para que el gobierno sintiera la necesidad de cambiar las reglas de juego.
Se le retiró entonces a la Comisión de Derechos de la Persona y de la Juventud la responsabilidad de coordinar la consulta, como se había previsto inicialmente, y se modificó el nombre y tema de todo el proyecto. Ahora, se trata de un Foro de valoración de la diversidad y de lucha contra la discriminación, con un énfasis casi exclusivo en la cuestión del empleo. Sin embargo, se mantuvo el mandato que se había dado a 31 organismos para la recolección de testimonios. Algunos de esos organismos decidieron anular su colaboración con la consulta, pues consideran que se ha diluido su significación y alcance, mientras que otros, como la Coalición por la integración latino-québécoise, decidieron proseguir con su trabajo, sin cambiar los objetivos ni modalidades originales. Esta Coalición, formada por el Centro de ayuda a las familias latinoamericanas (CAFLA), la Fundación LatinArte, la Cámara de comercio latinoamericana de Quebec e Hispanidad Quebec, con el apoyo del Laboratorio interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la UQAM, ya convocó a una Jornada de reflexión sobre discriminación sistémica y racismo y está actualmente recolectando testimonios, para presentar un al Ministerio en el mes de diciembre.