Los coletazos de la corrupción en Quebec
Los arrestos reabren el debate sobre la corrupción de la política vinculada a los negocios en la industria de la construcción, entre otros. | FOTO: THE BOSSES OF THE SENATE BY JOSEPH KEPPLER
Varios altos funcionarios inculpados. Se perfila, además, la responsabilidad del ex primer ministro, Jean Charest, principal responsable en establecer exigencias de financiamiento sectorial para financiar las campañas liberales.
MARCELO SOLERVICENS
La UPAC (Unidad permanente anticorrupción), causó todo un terremoto político en Quebec con la detención de siete personas a tempranas horas del jueves 17 de marzo. Ellos enfrentan 13 acusaciones de fraude contra el gobierno, corrupción de funcionarios, complot y abuso de confianza, infracciones cometidas entre 2000 y 2012. La UPAC explica que habrían violado la ley para obtener regalos, financiamiento político o subvenciones.
Los siete inculpados son, en primer lugar, la exministro de Asuntos Municipales, de Recursos Naturales y ex viceprimera ministro durante el gobierno de Jean Charest, Nathalie Normandeau. En segundo lugar; Marc Yvan Coté, exministro de Salud, Transportes, Servicios Sociales y de la Reforma Electoral bajo Robert Bourassa en los años ochenta y noventa y que trabaja para la firma de ingeniería Roche. A ellos se agrega Bruno Lortie, ex jefe de gabinete de Nathalie Normandeau. También fueron inculpados dos altos empleados de Roche, France Michaud y Mario Martel.
A ellos se añaden dos personas de menor nivel y ligadas al Parti Québécois: Francois Roussy, alcalde de Gaspé, de 2005 a 2013, y agregado político del diputado pequista Gaétan Lelievre y Ernest Murray, quien se desempeñaba como agregado político de la circunscripción de Pauline Marois.
Nada indica que la UPAC haya cerrado el expediente de inculpaciones por lazos ilegales entre los partidos provinciales y los negocios. Los periodistas que estuvieron en el origen de las denuncias de corrupción lo afirman. Michel David recuerda que el ministro del Tesoro, Sam Hamad, trabajó en Roche, la misma empresa de ingeniería que Marc Yvan Côté. Recuerda también que pese a que Normandeau es una paria, trece exministros de Jean Charest, incluido el propio Philipe Couillard, están hoy a la cabeza del gobierno Liberal. El periodista Yves Boisvert argumenta que tras los arrestos se perfila la responsabilidad del ex primer ministro Jean Charest, primer responsable de establecer exigencias de financiamiento sectorial para financiar las campañas liberales.
Los arrestos opacaron la presentación del tercer presupuesto del ministro de Finanzas del gobierno liberal de Philipe Couillard, Carlos Leitao. El Comisario de la UPAC Robert Lafrenière, que termina su mandato a fines de mes, envió así el claro mensaje que la UPAC no está controlada por el gobierno. Couillard confirmó su utilidad, aunque ello fuera a costas de la reputación del Partido Liberal.
Se confirma corrupción
Las detenciones confirmaron lo que se había escuchado en las audiencias de la Comisión Charbonneau: existió un lazo entre los dineros que las firmas de ingeniería le dieron al Partido Liberal y la entrega de contratos. El que aparece muy mal parado es el segundo comisario de la Comisión Renaud Lachance que había expresado su disidencia con el informe de la Jueza France Charbonneau al señalar que: “ningún elemento de prueba permite establecer un lazo ni directo, ni indirecto entre las contribuciones a un partido político provincial y las empresas.”
Muchos quedaron con gusto amargo el 24 de noviembre con esa declaración de Lachance, usada como argumento por los tenores del Partido Liberal para declararse limpios y botar a la basura un informe con 60 recomendaciones, 4 años de audiencias, centenares de testigos y que costó 45 millones de dólares. Aunque el primer ministro Philipe Couillard argumente que el “nuevo” partido liberal, que él dirige, no tiene nada que reprocharse se elevan voces para exigir que los liberales de Philipe Couillard den explicaciones.
Las acusaciones de la UPAC restablecen, en parte, la confianza ciudadana en las instituciones quebequenses. Pero, como lo señaló el comisario de la UPAC, Robert Lafrenière, las infracciones son graves e intolerables porque deterioran la democracia. Para el diputado de Québec Solidaire, Amir Khadir, uno de los primeros denunciantes, la situación “es sintomática de la influencia de los empresarios en la definición de las políticas públicas en Quebec”.
Persisten las dudas
Los arrestos reabren el debate sobre la corrupción de la política vinculada a los negocios en la industria de la construcción; sobre las posibles responsabilidades de otros políticos quienes todavía ejercen funciones; sobre si las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes; sobre las dudas de que el fenómeno de la corrupción en entrega de contratos gubernamentales ocurra también en otros sectores como la informática; sobre si puede repetirse esas situaciones ahora que se espera gastar miles de millones de dólares en infraestructuras.
Aunque el primer ministro Philipe Couillard tenga razón al decir que corresponde la culpabilidad por asociación, está claro que la UPAC reabrió el trabajo inconcluso de la Comisión Charbonneau y que el partido liberal debe dar explicaciones. Se reabre el tema porque efectivamente, el principal enemigo de las democracias es el acceso privilegiado del dinero a la definición de las políticas públicas o a mantener privilegios en desmedro de los intereses ciudadanos.