Salvadoreño gana batalla contra gobierno canadiense
La felicidad de ser libre tras 2 años de resguardo y 18 de espera para obtener la residencia permanente. | FOTO: SHARON KRAVITZ
Por su pasada vinculación con el FMLN, la ex-guerrilla salvadoreña, José Figueroa, residente en Vancouver, British Columbia, fue considerado “inadmisible”. Ahora la historia se vuelca a su favor y se inicia el proceso para obtener la residencia permanente.
YENSY ORTIZ
La sensación de libertad llega tras 18 años de espera. El salvadoreño José Figueroa ha obtenido el visto bueno para permanecer en suelo canadiense. El ministro de Inmigración, John McCallum, hizo una excepción en el caso por razones humanitarias.
La orden de deportación que lo mantuvo resguardado en una iglesia en Langley, British Columbia, ha sido anulada. Sin embargo, el proceso para la obtención de la residencia permanente no es automático.
“Antes de salir de la iglesia, estuve en conversaciones con agentes del CBSA (Servicios Fronterizos de Canadá) quienes se comprometieron a agilizar el trámite de permiso de trabajo, pero a estas alturas inmigración no ha terminado ese proceso”, denuncia el afectado quien dejó el santuario el pasado 23 de diciembre.
El permiso de trabajo y la visa de residente temporal son requisitos necesarios para solicitar la residencia permanente. Habiendo presentado todos los documentos necesarios, Figueroa considera que se “le está dando largas al asunto”.
Un hecho trascendental
El caso de José Figueroa sienta un precedente en beneficio de otros demandantes de refugio. “Ahora el CBSA no puede venir con alegaciones que un inmigrante salvadoreño es inadmisible por haber sido miembro del FMLN”, puntualiza.
En 2010, el Juez de la Comisión de Inmigración y Refugio, Otto Nupponen, lo declaró inadmisible por haber mantenido vínculos con un grupo de la guerrilla salvadoreña, la misma que el CBSA había catalogado como organización terrorista.
En marzo de 2015, el caso dio un giro tras varias acciones legales impulsadas por Figueroa. La Corte Federal, en una resolución emitida por el juez, Richard Mosley, dejó en claro que «no hay nada en los archivos que sugieran que el solicitante (Figueroa) tenga un récord criminal o se haya conducido inapropiadamente en Canadá».
Mosley dijo en ese momento que «el delegado (de inmigración) se refiere de forma irrazonable al FMLN, como una organización terrorista», cuando actualmente “constituye el Gobierno elegido por vía democrática».
En esa resolución también se destaca que «el FMLN no ha sido proscrito como una entidad terrorista en la lista que mantiene el Gobierno de Canadá».
Para el funcionario, todas esas consideraciones debieron haber sido tomadas en cuenta por el oficial de inmigración antes de concluir que la pertenencia del demandante al FMLN era de “naturaleza grave”.
Por todo lo anterior, el juez Mosley avaló la revisión judicial para que su demanda de Residencia Permanente por Razones Humanitarias y Compasión fuera estudiada de nuevo por un oficial de inmigración diferente.
La lucha no termina
Por el momento, José Figueroa está a la espera que los trámites para obtener la residencia permanente concluyan en el corto plazo. Asimismo, ha iniciado un proceso de revisión jurídica ante la Corte Federal, para dar seguimiento a la emisión de dos certificados solicitados al ministro de Seguridad y al de Relaciones Exteriores, los cuales fueron denegados.
“No se pueden dejar en el aire, debe haber resolución” señala. Ambos documentos constituyen la prueba que su nombre no figura en la lista de entidades de Canadá y permitirían “limpiar” su nombre “manchado por la alegación de membresía con una organización terrorista” como lo ha sostenido el CBSA.
Para Figueroa está claro que el cambio de gobierno le ha favorecido. “El anterior tenía una posición dura sobre mi caso, los ministros estaban interesados en ejecutar la orden de deportación. Los nuevos ministros tienen una visión diferente”.
Durante el tiempo que permaneció en santuario, el salvadoreño presentó 18 mociones ante la Corte Federal, muchas de ellas fueron denegadas. Ante esta situación, los jueces impusieron el pago de $750 por cada una de ellas, monto que ahora asciende a cerca de $14,000.
“Los costos son para paralizar los procesos legales; como no lo pueden hacer con argumentos lo hacen con el temor de los pagos”, expresa el afectado quien destaca el apoyo invaluable de la comunidad que le ha ayudado a sobrevivir todo este tiempo.
Figueroa no solo se mantuvo firme durante todos estos años, sino tambien se muestra esperanzado en el futuro. El pasado 6 de febrero tomó el examen de ingreso para estudiar leyes en la Universidad de Victoria. Su objetivo es trabajar en la defensa de los derechos humanos de otros inmigrantes que como él requieran ayuda jurídica.