La salud en Quebec: Fin de la universalidad del sistema público
Expertos y trabajadores de la salud, en carta abierta, denunciaron la legalización de las triquiñuelas del proceso de privatización del sistema
de salud. La Ley 20 establece de facto un sistema privado y otro público, con doble financiamiento. | FOTO: CLEVERCUPCAKE
La Ley 10 y la Ley 20 de la administración Couillard son las piezas maestras del proceso de privatización del sistema de salud quebequense.
MARCELO SOLERVICENS
La Ley 20 legalizó la facturación directa a los pacientes por servicios médicos fuera de los establecimientos públicos. Se consolida así el fin de la universalidad del sistema de salud quebequense en contradicción flagrante con el espíritu y la letra de la ley canadiense de la salud.
Ello se inscribe en los esfuerzos del gobierno liberal de Philippe Couillard por privatizar el sistema de salud bajo las excusas de restablecer el equilibrio del presupuesto fiscal. Se transforma así, sin debate, una de las piedras angulares del principio de universalidad de acceso para todos los quebequenses.
Piezas maestras
La Ley 10 y la Ley 20 son las piezas maestras del proceso de privatización del sistema de salud que persigue el gobierno Couillard. La Ley 10 fue adoptada con mordaza por la mayoría liberal en la Asamblea Nacional en febrero pasado. Esa ley eliminó las 182 Agencias de la Salud y Servicios Sociales y las concentró en 34 Centros Integrados de Salud. Además eliminó instancias de participación ciudadana concentrando el poder en el ministro de Salud y quitó prioridad a las inversiones en medicina preventiva. Los partidarios de la salud pública universal y gratuita denunciaron que, bajo la excusa de ahorrar 200 millones de dólares y reducir estructuras complejas, la nueva ley favorece la privatización del sistema de salud.
La Ley 20 debía imponer cuotas mínimas de número de pacientes a los médicos de familia y especialistas que factura la Regie de l’assurance maladie de Québec (RAMQ). Sin embargo, el ministro Barrette cedió a la presión de los médicos y postergó la aplicación de la ley hasta el 31 de diciembre de 2017 y no aplicarla si los médicos cumplen voluntariamente con las cuotas.
El fin de la universalisad
Sin embargo entró en aplicación inmediata la legalización. El problema es que los gastos del sistema ya son cobrados por las clínicas privadas a la RAMQ: mientras que un acto médico cuesta 90 $ en clínica privada, en clínica externa de un hospital o en un CLSC se remunera en 56$. Menos justificada aparece la medida cuando los médicos ya recibieron un aumento de 20 a 60% por los actos médicos facturados a la RAMQ.
La adopción de la Ley 20 consolida el fin de la universalidad del sistema público de salud en Quebec. El cambio termina con el principio del acceso universal, integral y accesible que promete la ley canadiense de la salud a la cual está sometido el sistema de salud quebequense. Es un paso dramático en un proceso de privatización iniciado desde hace años con pequeños cambios legislativos y creciente tolerancia hacia las clínicas privadas.
Los tres partidos de oposición en Quebec y el Nuevo partido Demócrata se opusieron a la ley y tanto Amir Khadir de Quebec Solidario, como André Boulerice del NPD, escribieron para que Ottawa salve el sistema de salud quebequense. Expertos y trabajadores de la salud, en carta abierta, denunciaron la legalización de las triquiñuelas del proceso de privatización del sistema de salud. La Ley 20 establece de facto un sistema privado y otro público, con doble financiamiento. Con ello marca la salida definitiva de Quebec del sistema de salud canadiense.
Ese proceso de privatización amenaza la equidad del acceso a la salud. El sistema le conviene a los sectores de altos ingresos que pueden tener acceso privilegiado a la salud privada. No ocurrirá lo mismo con los sectores más vulnerables; entre ellos quienes sufren problemas crónicos de salud y que requieren tratamientos periódicos; los minusválidos, que viven generalmente en situación de precariedad económica y que tienen la alternativa de exámenes en clínicas privadas cuando son difíciles de obtener en los hospitales. La disposición facilitará el crecimiento del sector privado de la salud y precarizará aún más el desempeño de los establecimientos públicos.
El proceso se inscribe en la seguidilla de ataques contra el sistema de salud quebequense del gobierno liberal. Se inscribe también en una carrera por la austeridad rechazada por los quebequenses, de acuerdo con la encuesta Léger del 21 de noviembre. La población comienzan a sufrir los efectos de las políticas del primer ministro Philippe Couillard que tiene más de conservador que de liberal. El 68% de los quebequenses desaprueba ( o desaprueban) las políticas de austeridad y, por primera vez, en décadas, apoyan a los sindicatos (51%) en sus negociaciones con el gobierno. Los quebequenses comienzan a sufrir en carne propia los efectos de las políticas de austeridad y el cambio de rol del Estado que trata de imponer Philippe Couillard.