«La inmigración irregular no es un crimen»
Anita Marín
François Crépeau, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes y Catedrático en derecho internacional público, afirma que la inmigración irregular no es un crimen y que los gobiernos a menudo olvidan que los emigrantes tienen los mismos derechos fundamentales que usted y yo, que todo el mundo.
¿Por qué afirma que la inmigración irregular no es un crimen?
En el discurso político, el inmigrante irregular o indocumentado es criminalizado y lo presentan como parte de un acto criminal, pero este discurso no se justifica. Sí, es verdad que deberíamos tener los papeles, estamos de acuerdo, pero eso es una violación administrativa, no es un acto criminal. Es lo mismo que cuando nos estacionamos en un lugar prohibido o sin pagar, estamos cometiendo una violación administrativa pero esto no nos convierte en criminales. Hay una diferencia aquí.
¿Cree usted que el gobierno teme por la seguridad?
Pasar la frontera sin los documentos necesarios o quedarse en el país después de expirada la visa, son violaciones administrativas. Esto no convierte a una persona en peligrosa. No tener documentos no constituye un crimen contra las personas: nadie es dañado o herido; no es un crimen contra la propiedad: nada se rompe ni se roba y no es un peligro contra la seguridad nacional ya que el 99.9% de los emigrantes en situación irregular, no presentan ningún peligro para el estado y punto.
¿Cómo justifica la criminalización de los inmigrantes?
Escuchamos por todos lados acerca de esta criminalización, sin embargo, ella no se traduce necesariamente en la utilización de procedimientos. En derecho criminal hay reglamentos y procedimientos que son muy restrictivos e incluyen la presunción de inocencia y el derecho a un proceso justo y equitativo. Las autoridades, por el contrario, prefieren usar la ley administrativa porque les permite detener a alguien mucho más fácilmente ya que no tiene para nada las mismas reglas que la detención en derecho penal o criminal. Hay una diferencia entre el discurso y el uso discrecional que el estado usa para tratar la inmigración. Con el fin de legitimar esta contradicción o diferencia, el gobierno ha aumentado considerablemente el poder discrecional, especialmente del Ministro (o quien lo represente), quien decidirá el futuro de los emigrantes.
¿Ha sido denunciada esta anomalía?
Los gobiernos quieren mostrar que pueden hacer lo que quieran con los inmigrantes irregulares o indocumentados, que estos extranjeros vienen a robar los trabajos o que tal vez son terroristas. Sin embargo, tanto en Canadá como en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y otros países, diferentes tribunales han reafirmado que los derechos de la persona se aplican a todo el mundo, incluyendo a los extranjeros; que el certificado de seguridad no ofrece suficiente garantías; que Guantánamo no estaba fuera del alcance de la Constitución estadunidense; que las autoridades británicas en el aeropuerto de Praga no tenían el derecho de prohibir tomar un vuelo con destino a Londres solo por tener una apariencia gitana, eso era una discriminación manifiesta. En Canadá, la Corte Suprema juzgó contrarios a la Carta (Declaración Universal de Derechos Humanos) los elementos discrecionales y el carácter secreto de la detención prolongada, sin acusación, de una persona afectada por un certificado de seguridad, como el caso de Charkaoui por ejemplo.
¿Qué factores juegan un papel importante en esta problemática?
Los inmigrantes irregulares o indocumentados, son a menudo los únicos que hacen el trabajo sucio, difícil o peligroso, en condiciones precarias y muchas veces con salarios miserables, que los nacionales no están dispuestos a aceptar. La manera que son tratados los inmigrantes irregulares o indocumentados, no es el centro de noticia ni aparece en las primeras páginas. En ese contexto, los empleadores “ilegales”, por ejemplo, constituyen un factor de atracción importante y ellos aprovechan el hecho de que esta problemática no sea pública ni mencionada en los discursos. Tener y permitir este tipo de empleos precarios y no hacer nada por encontrar alternativas nos hace también responsables del problema.
¿Cuál sería el llamado al gobierno?
Los gobiernos o la autoridad que los represente, deberían basar sus decisiones sobre cuatro puntos principales: el interés superior del niño; la reunificación familiar; el principio de no expulsión y la no discriminación. El Estado debería crear y de hecho, existen alternativas que se podrían emplear. En Toronto, por ejemplo, a diferencia de Montreal, existe la política “Don’t ask, don’t tell” (no preguntes, no respondas), que permite a todos los niños asistir a la escuela, sin importar su estatus migratorio o el de sus padres.
Los inmigrantes irregulares o indocumentados, no le hacen daño a nadie, ellos buscan simplemente reunirse, mantener o proteger a su familia y nosotros no tenemos el estatus moral para condenarlos. Por su parte, ellos deberían alzar su voz y hablar con médicos, profesores, amigos, etc., organizarse para hacer que esta problemática sea escuchada y atendida.