Ley Antiterrorista : ambigüedades y falta de control abrirían la puerta a abusos
Se trata de una ley de excepción con duración indeterminada y que, por su amplitud, preocupa a los defensores de derechos humanos. Las ambigüedades de esta ley y la falta de controles apropiados dejarían abierta la puerta a abusos.
El proyecto de ley C-51 extiende los poderes de la Gendarmerie royale du Canada y del Service canadien des renseignements et de sécurité (SCRS) para que intervengan con el objetivo de perturbar planes terroristas en Canadá o en el exterior. Estas intervenciones, sin embargo, abren la puerta al irrespeto de la Charte des droits et libertés y del Código Penal.
Argumentos
Los conservadores argumentan que la autorización judicial cada cuatro meses es un control suficiente para los nuevos poderes del SCRS. Sin embargo, juristas como Julius Grey, consideran que la ambigüedad y la amplitud del nuevo mandato del SCRS, puede acarrear abusos porque no se aumenta proporcionalmente los mecanismos de control. Valga recordar que el SCRS remplazó en 1984 al antiguo departamento de seguridad de la GRC, para evitar que la GRC hiciera labores de inteligencia. Además, la ley va en contra de las recomendaciones de la Comisión O’Connor, que, en relación al caso de Maher Arar, en 2006, recomendaba separar las labores de inteligencia de las intervenciones de carácter policíaco-criminales, las cuales deben traducirse en acusaciones frente a la justicia.
Estas inquietudes explican la carta pública de unas veinte personalidades políticas y jurídicas canadienses, entre las que se cuentan cuatro ex primeros ministros de Canadá, tres liberales y un conservador, además de ex jueces de la Corte Suprema, que exigen que el gobierno Harper imponga en su proyecto más medidas de control en las acciones del SCRS para asegurar que los derechos de los ciudadanos no sean violados.
El proyecto de ley amplía las razones y el arresto preventivo a siete días. Antes, para una detención preventiva se debía convencer al juez que ella era necesaria para evitar un atentado. Ahora basta con que haya una posibilidad que eso ocurra. El Jefe del Nuevo Partido Demócrata, Thomas Mulcair, anunció que su partido, que forma la oposición oficial, votará contra C-51, porque el gobierno conservador no ha probado que se requieran nuevas disposiciones legales, dado que las que se establecieron luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 nunca han sido aplicadas. El Proyecto de Ley C-51 es el segundo en cinco meses, y se añade al Proyecto de Ley C-44 presentado el 27 de octubre pasado y que ampliaba ya el rol del organismo de inteligencia canadiense, el SCRS, a proteger sus fuentes de información ante los tribunales y autorizaba a revocar la ciudadanía a neocanadienses implicados en acciones terroristas.
Otro aspecto preocupante dice relación con el hecho que C-51 crea un nuevo delito: criminaliza las declaraciones que preconicen o fomenten el terrorismo independientemente de que ellas se traduzcan en atentados propiamente tales. El primer ministro Harper asimila esa disposición a responsabilizar a quienes hacen apología del terrorismo, lo que podría incluir hasta menores de edad en las redes sociales.
La ley no define claramente qué es una actividad terrorista o lo que constituye una amenaza a la seguridad de los canadienses. Esa ambigüedad puede llevar a que la ley pueda ser usada no solamente contra individuos radicalizados, sino que además confundirá el terrorismo con acciones de grupos ecologistas o incluso sindicales que podrían “afectar la seguridad de los canadienses”, según el gobierno. De acuerdo con Elizabeth May, jefa del Partido Verde, podría ser una policía secreta usada para combatir protestas pacíficas.
Los conservadores defienden el proyecto de ley porque les permite explotar la veta de la ley y el orden con vistas a las próximas elecciones, en condiciones de creciente inseguridad ciudadana frente a un fenómeno mundial. Las encuestas muestran
que efectivamente, incluso en Quebec, que se distingue en ese aspecto, los encuestados apoyan la adopción de una nueva ley antiterrorista. Ello se inscribe en el aumento de la islamofobia en la provincia. Todo lo cual se suma al reciente debate sobre los acomodos razonables y la Charte des valeurs y las piruetas confusas del gobierno de Philipe Couillard frente al islamismo radical. Por su parte, los liberales de Justin Trudeau, anunciaron que apoyarán la adopción de la nueva ley para evitar que los conservadores se apoderen de la agenda de seguridad. Ello pese a que han criticado acerbamente el proyecto.
Estrategia electoralista
Se concretizó así el hecho que la lucha contra el terrorismo estará al centro de la estrategia de los conservadores para las elecciones al parlamento federal previstas para el 16 de octubre próximo. La caída del precio del petróleo dejó al desnudo la fragilidad de la estrategia económica del gobierno Harper, que privilegia la explotación petrolera de las arenas bituminosas y la explotación de recursos naturales, en desmedro de los centros industriales y post-industriales en Ontario y Quebec. El problema es que, aunque los conservadores tengan derecho a definir sus estrategias electorales, es lamentable que lo hagan poniendo en cuestión el delicado equilibrio democrático entre las condiciones para la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos a la disidencia y a la participación política.